El derecho a la vivienda digna y adecuada, a un paso de ser consagrado en la nueva Constitución

La norma que consagra el derecho a la vivienda en la eventual nueva Carta Fundamental dio este jueves un gran paso en la Convención Constitucional, luego de que la Comisión de Derechos Fundamentales aprobara este jueves -en particular- la iniciativa, incluida en su informe sobre derechos sociales que fue votado esta tarde, aunque todavía debe ser ratificado por el Pleno.

En específico, se trata del artículo 14, que establece en su primer inciso: «Toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada, que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria».

La norma fue visada con 29 votos a favor -incluyendo los derechistas Manuel José Ossandón (RN), Claudia Castro (UDI), Bárbara Rebolledo (Ind. Evópoli) y Carol Bown (UDI)- y cuatro abstenciones de Vamos por Chile y Fernando Tirado (pueblo chango).

Visiblemente emocionado, el constituyente e integrante de la comisión Benito Baranda (INN) resaltó que «es primera vez que va a quedar consagrado en la Constitución de Chile el derecho a la vivienda».

«Personalmente, por esto llegué acá, este fue mi motivo más profundo, el que efectivamente los derechos sociales queden consagrados en la Constitución y que las personas sean respetadas en su dignidad desde el Estado y eso no quede en manos del mercado», expresó el psicólogo y ex director del Hogar de Cristo.

ROL DEL ESTADO Y ESPECIFICACIONES DE VIVIENDAS

En su segundo inciso, aprobado con 25 votos a favor, siete en contra y una abstención, el artículo contempla que el Estado deberá tomar «todas las medidas necesarias» para asegurar el «goce universal y oportuno de este derecho».

El tercer inciso, que obtuvo 24 apoyos, nueve rechazos y ninguna abstención, señala que «el Estado participará directamente en el diseño, construcción, rehabilitación, conservación, innovación y distribución equitativa de la vivienda, del equipamiento urbano y de los servicios básicos».

En tanto, el cuarto (20 a favor, ocho en contra y cinco abstenciones) sostiene que los poderes públicos considerarán especialmente en el diseño de los planes de vivienda «a personas con bajos ingresos económicos y otras que establezca la ley» y que «estas viviendas están exentas del pago de cualquier tipo de contribuciones y son inembargables».

Mientras que el quinto, visado con 17 votos a favor, 12 en contra y cuatro abstenciones, contempla que las políticas públicas de diseño de planes de vivienda y organización territorial «deberán tener especial consideración por la cultura y tradiciones de los pueblos indígenas».

Por último, el sexto inciso (24-5-4) consagra que «el Estado garantizará la creación de viviendas de acogida para la protección integral a los adultos, infancia, mujeres, disidencias y diversidades sexuales frente a la violencia de género y otras formas de vulneración que atenten contra la vida digna».

La convencional Janis Meneses (MSC), co-coordinadora de la comisión, destacó que la propuesta «tiene elementos como, por supuesto, un rol activo por parte del Estado en poder garantizar este derecho social para las personas» y, además, «tiene  características del adecuado y características desde una perspectiva feminista, porque habla de la producción y la reproducción de la vida».

«Tiene varios elementos que me tienen bastante contenta de la aprobación transversal y espero que en el Pleno también se refleje«, manifestó la trabajadora social.

PIDEN NO GENERAR «FALSAS ILUSIONES»

Desde la derecha, el constituyente Manuel José Ossandón llamó a no generar expectativas desmesuradas: «La gente no debe hacerse falsas ilusiones de que esto es una carta mágica, de que por el solo hecho de quedar escriturado va a resolver el problema», abogó.

«Tenemos que tener mucho cuidado con las expectativas que se generen, porque la esperanza que actualmente tiene la gente en la Constitución el día de mañana, si no hay una buena política por parte del Gobierno y del Parlamento, se puede transformar en un sentimiento totalmente opuesto, que nos puede llevar a crisis sociales muy graves», agregó el abogado.

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